Las 95 empresas instaladas en las siete provincias fronterizas del país, amparadas en las exenciones de la Ley 28-01, de Desarrollo Fronterizo, han invertido RD$14,913 millones, con lo cual han generado 9,774 empleos directos y 4,838 indirectos hasta agosto de 2014, para un total de 14,612 puestos de trabajo.
El 74% de los empleos directos está en manos de dominicanos, mientras que el 26% restante de extranjeros, principalmente de nacionalidad haitiana, y por ciudadanos de otras nacionalidades que constituyen mano de obra calificada traída por inversionistas extranjeros para operar algunas maquinarias especiales.
Las empresas corresponden a los sectores agroindustrial, manufacturero y de servicios.
Los datos están contenidos en un estudio de la Unidad de Políticas Públicas del Observatorio Político Dominicano de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), el cual fue presentado ayer por el investigador Greidys Roa Chalas durante el panel “Balance de la Ley de Desarrollo Fronterizo: Entre el Olvido y la Necesidad de Progreso”.
El panel fue presidido por el director ejecutivo de Funglode, Marco Herrera, y contó con la asistencia del vicepresidente de la República, Rafael Albuquerque; el director general de Desarrollo Fronterizo, Miguel Bejarán, y el vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) , Rafael Paz. Allí se planteó la necesidad de más atención a la zona fronteriza y de una reforma de la Ley 28-01.
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